Problema del Agua en España

Juan G. R. El problema del agua en España necesita mayor unidad de acción.

Alicante, 24/4/2010, España.

El problema del agua en España necesita una unidad de acción más coordinada sobre los recursos hidráulicos y su explotación, con un mayor control del estado sobre el agua, el cual debe limitar las exigencias de las autonomías sobre los recursos hídricos, ya que esto provoca un constante conflicto de las regiones por el agua, una guerra del agua entre comunidades, un enfrentamiento de los diferentes partidos políticos, se prolongan la toma de decisiones, se dificulta el uso más racional del agua y se afectan las demandas colectivas de agua del pueblo español.

En el estatuto de la Comunidad de Aragón en materia de agua se contempla el derecho de esta a: disponer de agua en cantidad suficiente para atender las necesidades presentes y futuras, así como que los poderes públicos, de acuerdo con el principio de unidad de cuenca del río Ebro, deberán evitar cualquier transferencia de aguas de las cuencas que discurran por Aragón. También se atribuyen la potestad en ordenación, planificación y gestión hidráulica, así como participación en los órganos de gestión estatal de las cuencas con derecho a emitir un informe preceptivo antes de cualquier obra o proyecto de transferencia. En las disposiciones adicionales del estatuto se incluye una reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de los aragoneses.----La Comunidad de Castilla La Mancha en materia de agua quiere aprobar un estatuto que le atribuya competencias en la gestión de los ríos Tajo y Jucar, también reclama una reserva de agua de 4000 hectómetros cúbicos para satisfacer las demandas futuras de esa comunidad, así como la caducidad del trasvase Tajo-Segura. Aspectos estos que chocan contra los intereses de la Comunidad Valenciana y la Región Autónoma de Murcia. Finalmente el Estatuto de Castilla La mancha no fue aprobado ya que las pretensiones de agua afectaban los derechos de agua de otras comunidades autónomas.

El estatuto de la Comunidad de Andalucia en materia de agua considera que la comunidad autónoma ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del río Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general., así como que la comunidad asume, mediante transferencia o delegación, las facultades de ejecución de competencia del Estado en la Cuenca del Guadalquivir. En el estatuto de Cataluña se considera que en todas las obras públicas que se lleven a cabo en Cataluña, por lo tanto un posible trasvase del Ebro será preceptivo el informe que haga la evaluación del impacto ambiental, el cuál dependerá del informe medioambiental que realice la Generalitat. En el estatuto de la Comunidad Valenciana se considera que los valencianos y valencianas tienen derecho a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad así como igualmente, se reconocen el derecho de recibir redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas con excedentes en recursos hídricos atendiendo a criterios de sostenibilidad..

Del análisis de la materia del agua en los estatutos, se observa que en algunas comunidades, los gobiernos autónomos se consideran con el derecho a retener y a decidir el destino del agua que discurre por su territorio, a demandar reservas de agua, pero generalmente los ríos pasan por diferentes comunidades, por lo que es muy complejo que en algunas comunidades se pueda decidir sobre los destinos del agua para otras comunidades, por lo que es necesario que dentro del problema del agua en España se debe fortalecer el control del estado en la administración del agua con la finalidad que se puedan agrupar los recursos y las instituciones existentes, así como posibilitar que se agilicen las tomas de decisiones en las diferentes actividades dedicadas al desarrollo hidráulico del país, con la posibilidad de crear un Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos que posea un mayor control y jerarquía sobre los recursos superficiales y subterráneos del país, ya que el agua es un recurso cada día más valioso e imprescindible para la población, la agricultura, el turismo, la industria, la construcción, la producción de energía eléctrica, la lucha contra la desertización y como parte integrante y sostenible del medio ambiente. El agua y la agricultura son aspectos que deben considerarse como estratégicos por el estado ya que son decisivos en el desarrollo sostenible de España, esenciales para el sostenimiento del pueblo y constituyen elementos básicos para el desarrollo armónico de otros sectores de la economía.

En la constitución española se contempla que es competencia exclusiva del Estado: la legislación, ordenación y concesión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad, por lo que el estado debe ejercer un mayor control sobre el agua y debe limitar el poder de las autonomías sobre los recursos hídricos, ya que esto provoca un constante conflicto de las regiones por el agua, una guerra del agua entre comunidades, un constante enfrentamiento de los diferentes partidos políticos, se prolongan la toma de decisiones, se dificulta el uso más racional del agua y se afectan las demandas colectivas de agua del pueblo español. La función de las autonomías debe limitarse a la gestión de los recursos de agua que le han sido asignados por el gobierno central a través de la institución nacional dedicada al agua.

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